El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, convocó a los fiscales generales de los 36 tribunales de apelación para exigir una revisión urgente y completa de todas las denuncias relacionadas con delitos contra menores. La reunión se realizó en la Cancillería con el objetivo de incrementar la atención a estas denuncias antes de una fecha límite establecida, buscando evitar nuevas negligencias tras el espantoso caso de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo asesinato volvió a poner en evidencia fallos en el sistema judicial.
Darmanin señaló que hay alrededor de 70.000 denuncias pendientes que afectan a niños y ordenó que ninguna fiscalía superior se tome vacaciones hasta completar este censo y responder a cada caso. Además, advirtió que implementará sanciones contra los magistrados responsables si se detectan incumplimientos o negligencias en el procesamiento de estas denuncias.
El caso que detonó esta crisis fue una denuncia presentada el 22 de agosto del año anterior, donde la madre de una niña aseguró que su hija había sido violada repetidas veces en la vivienda del sospechoso durante varios meses. Después de que la fiscalía inicial declarara haber realizado investigaciones y exámenes forenses que respaldaban las acusaciones, el expediente pasó de una jurisdicción a otra con demoras significativas, sin que el sospechoso fuera interrogado antes de la desaparición y posterior muerte de Lyhanna.
Esta serie de fallas judiciales generó una ola de manifestaciones convocadas por grupos feministas y organizaciones de protección infantil frente a los tribunales, exigiendo justicia y medidas concretas para evitar futuros casos similares. En paralelo, se inició una investigación conjunta que involucra a la justicia, la gendarmería y el sistema educativo para clarificar las responsabilidades y mejorar los protocolos de atención a víctimas.
El ministro Darmanin también pidió disculpas públicas a la familia de Lyhanna y definió la violación de niños como una emergencia absoluta que debe ser priorizada por todas las autoridades involucradas en la protección de menores. La inspección conjunta tiene un plazo máximo de 15 días para presentar conclusiones que puedan orientar acciones inmediatas en el sistema judicial y policial.
- Convocatoria urgente a fiscales generales para revisar denuncias de abusos a menores.
- Establecimiento de una fecha límite para responder a más de 70,000 casos pendientes.
- Advertencia sobre sanciones para magistrados en caso de negligencia.
- Manifestaciones públicas reclamando justicia y mejores protocolos de protección infantil.
- Investigación coordinada entre justicia, gendarmería y educación para esclarecer responsabilidades.