El sistema penitenciario de Salta enfrenta una crisis profunda marcada por un hacinamiento crítico y numerosas irregularidades que afectan los derechos de las personas privadas de su libertad. Según el informe anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, la sobrepoblación carcelaria supera ampliamente la capacidad oficial, generando condiciones inhumanas en varias unidades.
El documento detalla que, hasta diciembre de 2025, había 3.938 presos en instalaciones habilitadas para 2.895 personas, equivalentes a un 36,03% de sobrecupo. Sin embargo, cuando se consideran los estándares internacionales de habitabilidad —que incluyen espacio mínimo por interno, ventilación, iluminación natural y acceso a sanitarios— la capacidad real se reduce a 1.621 plazas, lo que eleva la sobrepoblación al 142,94%. Esto significa que más de 2.300 personas exceden el cupo permitido para garantizar condiciones dignas.
Las cárceles con mayor sobrepoblación son la Alcaidía N°1 de la capital con un 232,98%, seguida por la Unidad Carcelaria N°3 de Orán con un 205,03%, y la Alcaidía N°2 de Tartagal, que alcanza un 900% de hacinamiento. Esta situación agudiza la vulneración de derechos fundamentales y empeora el acceso a servicios básicos para las personas detenidas.
El informe también indica un aumento preocupante en la encarcelación de mujeres, que en el periodo 2022-2024 creció casi un 38%, mientras que la población masculina se redujo en torno al 1%. En cifras, la cantidad de mujeres presas pasó de 194 a 269, evidenciando una tendencia diferenciada que requiere atención específica.
Otro punto crítico señalado es la deficiente atención sanitaria dentro del sistema penitenciario. Se reportan constantes demoras para obtener turnos médicos, falta de medicamentos y dificultades en los traslados debido a la insuficiencia de vehículos policiales. Esto se refleja en el aumento de denuncias por malos tratos y torturas, que se triplicaron entre 2024 y 2025, con 20 causas penales iniciadas ante la Fiscalía de Derechos Humanos.
Además, se registraron múltiples formas de agresiones en las cárceles, incluyendo casos de hostigamiento, amenazas, aislamiento solitario y agresiones sexuales. Estos hechos evidencian un ambiente de violencia que afecta la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad.
En materia educativa la situación también es alarmante. Según un diagnóstico conjunto con el CONICET, el 73% de la población carcelaria no accede a ningún programa formativo, ya sea formal o no formal. Solo un 16% participa de educación formal, mientras menos del 1% realiza estudios universitarios. El informe subraya que la educación dentro de las prisiones se sostiene mayormente por iniciativas autogestionadas y el compromiso voluntarista de docentes que enfrentan falta de recursos materiales.
Finalmente, el reporte destaca cinco muertes ocurridas bajo custodia durante 2025, algunas vinculadas a deficiencias en la atención sanitaria durante internaciones en centros hospitalarios. Estas muertes constituyen un alerta para las autoridades sobre posibles demoras y fallas en la protección de la salud de la población carcelaria.