El incremento de la violencia de género y laboral refleja un retroceso en las políticas públicas y programas de acompañamiento, según advirtieron especialistas en el marco de los 11 años del movimiento Ni Una Menos. La desfinanciación desde el inicio del actual gobierno de iniciativas clave para la prevención y la atención a víctimas ha dejado al descubierto una crisis en los sistemas de escucha y asistencia social.
Un hecho trágico, como el asesinato de Agostina en Córdoba, volvió a poner en foco la problemática mediáticamente, aunque especialistas señalan que la solución debe pasar por la recuperación y fortalecimiento de herramientas educativas y preventivas, más allá de la difusión puntual de cada caso. La abogada que se expresó al respecto destacó que la conmoción social que produjo el caso abrió la discusión sobre la pérdida progresiva de derechos conquistados por las mujeres en años anteriores, vinculándolo directamente con recortes en políticas públicas y la desarticulación de la Educación Sexual Integral.
En paralelo, la especialista resaltó una semana significativa en su trabajo al obtener resoluciones favorables para víctimas de violencia laboral en el sector público, tanto a nivel municipal como provincial. Estas decisiones judiciales reconocieron la violencia denunciada, ordenaron la reincorporación de las víctimas y el pago de salarios retenidos. Sin embargo, la confidencialidad de los expedientes impidió dar detalles específicos sobre los casos. La abogada cuestionó esta reserva cuando el Estado es parte involucrada, ya que considera que la responsabilidad y la transparencia son fundamentales para combatir estos abusos.
Además, expresó que muchas víctimas buscan visibilizar sus historias para contribuir a la denuncia del abuso de poder en distintas instituciones, aunque la Justicia suele proteger a las autoridades involucradas, algo que plantea la necesidad de un debate sobre la justicia y el Estado frente a la violencia en el ámbito laboral y de género.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a sumarse a las convocatorias para manifestarse en distintos puntos del país, sin importar la filiación política de los organizadores. La prioridad es generar una reflexión profunda y colectiva sobre las condiciones actuales y la urgencia de revertir los retrocesos en las políticas de género y prevención que el caso de Agostina y otros recientes han puesto en evidencia.