La capital boliviana se convirtió nuevamente en escenario de disturbios y protestas violentas, mientras miles de personas desafiaban el cerco policial para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que intentaron llegar hasta la Plaza Murillo, epicentro de la disputa política por albergar la Casa de Gobierno y el Congreso.
Las movilizaciones fueron lideradas por sindicatos y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que rechazaron el llamado al diálogo del Ejecutivo realizado días atrás. La Policía y el Ejército mantuvieron un fuerte despliegue, ya que los manifestantes usaron petardos, piedras, palos e incluso dinamita para romper los vallados de seguridad, aumentando la violencia en las calles.
Autoridades confirmaron la detención de cerca de 90 personas durante los operativos. Además, la Fiscalía emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y una figura clave en las protestas, a raíz de denuncias y reportes de inteligencia vinculados al Ministerio de Gobierno. El clima en La Paz se mantuvo tenso, con constantes choques y al menos un manifestante herido.
El conflicto social y político en Bolivia lleva aproximadamente dos semanas, cuando sectores sindicales, vecinales e indígenas comenzaron a exigir un aumento salarial del 20% y pusieron en cuestión la continuidad de Paz, quien ocupa la presidencia desde hace medio año. Las protestas desencadenaron bloqueos en rutas y accesos importantes cerca de La Paz y El Alto, lo que generó problemas en el suministro de combustible, alimentos y medicamentos.
En medio de la crisis, el Gobierno denunció la infiltración de grupos armados entre los manifestantes. El vocero presidencial advirtió que algunos sectores habrían recurrido a armas, y mencionó la existencia de mensajes que incitan a una “guerra civil”. Se apuntó especialmente a los “Ponchos Rojos”, facción campesina aimara ligada a sectores radicales cercanos a Evo Morales.
Frente a esta situación, las autoridades reforzaron la seguridad alrededor de los edificios gubernamentales para evitar nuevos incidentes, mientras la tensión social continúa escalando y las negociaciones permanecen estancadas.