El gobierno de Córdoba presentó un proyecto de ley que establece un régimen especial para intervenir inmuebles usados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y espacios abandonados que comprometan la seguridad ciudadana. La iniciativa busca agilizar la actuación estatal mediante mecanismos administrativos y judiciales que permitan la recuperación de estos espacios y eviten su uso con fines delictivos.
La propuesta incluye procedimientos de intervención temprana basados en actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundamentadas. Esto habilita a las autoridades a adoptar medidas preventivas como clausuras provisionales, cierre de accesos o custodia de propiedades, siempre respetando los procesos judiciales y las competencias correspondientes. En casos complejos, especialmente vinculados al narcotráfico, la Justicia podrá ordenar acciones más incisivas como desalojos y demoliciones.
Además, el proyecto crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que facilitarán la coordinación entre distintas fuerzas y dependencias: el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios.
Como complemento, la ley establece que los recursos provenientes de la incautación de bienes vinculados con el narcotráfico se reinvertirán en la lucha contra este delito. El 60% de esos fondos se destinará a mejorar las capacidades operativas, tecnológicas, logísticas y de equipamiento de la FPA, mientras que el 40% restante financiará programas preventivos y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
El proyecto también convoca a los gobiernos locales a adherir y firmar convenios para ejecutar acciones conjuntas en la recuperación del territorio, fortaleciendo la presencia estatal frente a organizaciones criminales que utilizan inmuebles en desuso o abandonados para sus actividades.