En respuesta a la creciente tensión social y las restricciones en el abastecimiento de combustibles, el Congreso de Bolivia concedió al presidente Rodrigo Paz la facultad para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles y declarar el estado de emergencia. La medida fue avalada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que además derogó la Ley 1341, encargada de regular los estados de excepción.
La derogación de esta norma —conocida también como “ley Eva Copa”— elimina límites previos al uso de las fuerzas armadas en situaciones de conflicto interno, otorgando mayores poderes al Ejecutivo frente a la crisis. La aprobación se produjo durante la cuarta semana consecutiva de protestas protagonizadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales en rechazo a la política económica del gobierno y demandando aumentos salariales. Los movilizados también denunciaron que la distribución de combustible de baja calidad causó daños a miles de vehículos.
La sesión se realizó de manera virtual y cada diputado dispuso de media hora para expresar su voto y argumentos, evidenciando divisiones dentro del Parlamento. La mayoría acusó al expresidente Evo Morales como responsable indirecto de la conflictividad actual y varios legisladores solicitaron la pronta detención del exmandatario, independientemente de la ley. Uno de los representantes del Partido Demócrata Cristiano defendió la abrogación de la Ley 1341, señalándola como una restricción a la potestad presidencial para manejar la violencia callejera.
El debate incluyó frases que polarizaron la discusión, con un llamado a abandonar posturas “tibias” ante acciones violentas y la propuesta de que el gobierno responda con firmeza. Además, se cuestionó la efectividad de respuestas pacíficas frente a los ataques a efectivos militares y policiales. Estos planteos se dieron en medio de un escenario donde la crisis social ha generado bloqueos masivos y una fuerte demanda de soluciones inmediatas.
El Senado ya había aprobado la medida días antes, por lo que ahora queda en manos del Ejecutivo la promulgación formal para su entrada en vigor. Esta decisión política evidencia la profundización del conflicto, con el aumento de la presencia militar en las calles y un estado de emergencia que pretende contener lo que el gobierno considera “actos terroristas”.