El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata dictó prisión perpetua para 11 represores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. El fallo abarcó crímenes perpetrados en tres centros clandestinos vinculados al circuito Camps: el Centro de 1 y 60, la Comisaría Octava y la Comisaría Segunda de La Plata.
El proceso judicial investigó delitos contra cerca de 300 víctimas y juzgó a 13 imputados, quienes en su totalidad fueron condenados. Entre los sentenciados se encuentra Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires al momento de los hechos, además de oficiales y agentes del Regimiento 7, la policía bonaerense y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
Los acusados recibieron distintas penas: además de las 11 condenas a prisión perpetua, Lucas Marcelo Castro fue sentenciado a 18 años de cárcel. Algunos presos escucharon el veredicto mediante videollamada desde sus domicilios por prisión domiciliaria.
El tribunal reconoció el carácter sistemático de los crímenes, que incluyeron secuestros, torturas, desapariciones forzadas y delitos sexuales, en el marco del genocidio llevado a cabo durante la dictadura. El reconocimiento de la violencia sexual como parte del plan represivo está sustentado en más de 60 sentencias anteriores desde 2006.
En su intervención, la abogada representante de las víctimas resaltó que este juicio aporta una imagen completa del funcionamiento del esquema represivo regional y el papel del Regimiento 7, destacando además la participación de actores civiles vinculados al Poder Judicial durante ese periodo oscuro. Se enfatizó que el blanco de la represión fue la militancia estudiantil, popular y obrera desde los inicios de la dictadura.
Entre las voces que acompañaron el proceso se destaca Néstor Busso, fundador de Radio Encuentro y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, quien destacó la importancia del fallo para la reparación histórica y la reafirmación de que estos crímenes son delitos de lesa humanidad y genocidio. Busso recordó que transcurrieron más de cuatro décadas desde la recuperación democrática para que estas víctimas pudieran alcanzar algo de justicia.