El ministerio de Minas de Camerún reveló la detección de aproximadamente 200 operaciones de minería artesanal ilegal en las regiones Este y Adamawa, donde más del 95% están en manos de empresas extranjeras, principalmente chinas. Las autoridades exigieron la suspensión inmediata de estas actividades, aunque no detallaron sanciones ni pasos legales concretos.
Esta investigación surge ante una discrepancia notable en las estadísticas oficiales: mientras que en 2023 Camerún reportó apenas 22,3 kilogramos de oro exportado, países importadores, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, indicaron haber recibido más de 15 toneladas durante el mismo periodo. Esta diferencia de casi 680 veces sugiere un sistema extendido de contrabando y evasión que opera al margen de cualquier control estatal.
El predominio de firmas chinas entre los casos ilegales apunta a redes organizadas que vinculan la explotación minera con cadenas globales de suministro. Camerún no ha explicado cómo estas empresas lograron establecerse y persistir sin ser detectadas oficialmente, lo que da pie a sospechas sobre cierta tolerancia institucional o corrupción local que facilitó estas operaciones.
En 2023, el país implementó un nuevo código minero con el fin de fortalecer la regulación del sector extractivo, pero expertos advierten que la corrupción y la influencia de grupos de poder limitan la efectividad de las medidas. Según una investigadora especializada en crimen organizado en África Central, esta debilidad institucional permite que el contrabando persista y que una parte significativa del oro extraído nunca ingrese al sistema oficial, afectando considerablemente las finanzas públicas.
Las ventas directas a redes informales permiten evadir impuestos y generan pérdidas millonarias para el Estado camerunés. Estos hallazgos ponen en evidencia la necesidad de acciones más contundentes para controlar la minería artesanal y cortar el flujo de oro hacia mercados ilegales.