El caso de Azul Semeñenko, una mujer trans cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones de un canal en Neuquén, está próximo a entrar en su etapa decisiva. La investigación judicial, que reúne elementos para considerar el hecho como un transfemicidio agravado por violencia de género y odio hacia su identidad, finalizará para organizar un juicio por jurado popular contra el único imputado, Roberto Daniel Sánchez.
Azul desapareció durante más de 20 días antes de encontrarse su cuerpo. Sus compañeras de trabajo en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias lideraron la movilización social que puso en evidencia la búsqueda, organizando marchas, ruidazos y campañas visuales para exigir justicia. A partir de estas acciones, miles de personas se sumaron a las protestas que denunciaron el primer transfemicidio registrado en la ciudad.
El imputado, mecánico del barrio Belgrano, enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado: alevosía, odio por identidad de género y violencia contra la mujer. Este último agravante se considera por tratarse de un crimen cometido por un hombre contra una mujer bajo una relación marcada por esta violencia. Por estos motivos, la figura de transfemicidio cobra protagonismo en el proceso judicial, con un efecto ejemplar para la comunidad trans y para la legislación nacional.
Marco Millapan, hermano de Azul, describió en medios radiales el perfil de su hermana, destacando su generosidad y sus dificultades cotidianas. Relató que a pesar de vivir situaciones de extrema vulnerabilidad, incluso carencias básicas como falta de alimentos, Azul siempre ayudaba a quienes la rodeaban. Su historia está marcada por la discriminación y la lucha por vivir su identidad, recientemente consolidada al conseguir un trabajo formal luego de años de empleo precario.
El juicio se basará en pruebas que evidencian no solo el acto violento en sí, sino también el contexto discriminatorio que atravesaba Azul por su identidad de género. Este aspecto es esencial para sostener la calificación de crimen de odio, una categoría legal que exige demostrar que el delito se cometió motivado por prejuicios hacia características fundamentales de la víctima.
Este tipo de causas tiene antecedentes en Argentina, como la condena a prisión perpetua contra Gabriel David Marino por el asesinato de la activista Diana Sacayan en 2015. Ese fallo, pionero en el país, incorporó la figura legal de travesticidio y el agravante de odio por identidad de género, marcando un camino judicial que ahora podría reafirmarse en el caso Azul Semeñenko.