La crisis social y política en Bolivia escaló con una nueva jornada de protestas que derivó en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el centro de La Paz. Miles de personas intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, sede de la Casa de Gobierno y el Congreso, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La policía respondió con gases lacrimógenos y un operativo masivo que terminó con cerca de 90 detenidos y al menos un herido, según informaron medios locales y fuentes oficiales.
La movilización estuvo liderada por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales. Estos grupos rechazaron la convocatoria al diálogo realizada por el Ejecutivo durante el fin de semana y mantuvieron bloqueos en rutas y accesos alrededor de La Paz y El Alto. Estas acciones provocaron problemas en el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en varias regiones del país.
Los manifestantes intentaron romper el vallado policial con petardos, piedras, palos e incluso dinamita, lo que obligó a reforzar la seguridad con presencia militar en las cercanías de la Plaza Murillo. En paralelo, la Fiscalía General emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), por su presunta participación en incitar las protestas. La medida fue confirmada por el fiscal general Roger Mariaca, basada en denuncias del Ministerio de Gobierno y reportes de inteligencia policial.
La crisis comenzó hace unas semanas a partir de reclamos de organizaciones sindicales, vecinales e indígenas que exigieron un aumento salarial del 20% y la renuncia del presidente Paz, quien asumió hace apenas seis meses. Las tensiones aumentaron además con denuncias oficiales sobre la presencia de grupos armados entre los manifestantes, especialmente integrantes de los “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara vinculada a sectores radicalizados y cercana a Evo Morales.
El vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió que algunos sectores protestantes pasaron al uso de armas y emitieron llamados a una “guerra civil”. En ese marco, las autoridades mantienen un fuerte despliegue policial y militar para proteger los edificios gubernamentales y evitar nuevos estallidos de violencia.