Las universidades públicas enfrentan un desafío profundo para cumplir su tradicional función como vehículo de movilidad social, dado que la educación secundaria previa presenta serias falencias. Solo una minoría de jóvenes termina la secundaria a tiempo con niveles satisfactorios en lengua y matemática, lo que condiciona su desempeño universitario y reduce sus posibilidades de éxito.
Estos datos, aportados por la Secretaría de Educación, revelan que menos del 60% de los adolescentes finaliza la secundaria a los 18 años y, de ellos, menos del 18% alcanza competencias adecuadas en áreas esenciales. Esto significa que apenas una décima parte de los jóvenes alcanza la educación secundaria con una formación adecuada para afrontar estudios superiores.
Este panorama limita la capacidad de la universidad para actuar como motor de cambio social, ya que la mayoría de quienes acceden con preparación suficiente provienen de colegios privados y contextos socioeconómicos medios, dejando fuera a amplios sectores que no cuentan con las herramientas básicas para aprovechar la oferta educativa pública.
Además, la controversia sobre el financiamiento universitario complica aún más la situación. Por un lado, el gobierno sostiene la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y denuncia una gestión universitaria ineficiente y poco transparente. Por otro, las casas de estudio alertan sobre la reducción presupuestaria, que asfixia financieramente sus actividades y afecta la calidad educativa.
Estas tensiones se tradujeron en protestas masivas con participación diversa, entre ellas grupos con intereses propios o externos a las universidades, pero también un amplio sector que ve en la educación pública una herramienta fundamental para el ascenso social. Sin embargo, la realidad demuestra que sin mejoras sustanciales en la educación básica se limita mucho el alcance de esa aspiración.
Un problema central radica en los incentivos y estructuras administrativas del sistema educativo básico. La rigidez de los estatutos docentes y la burocracia obstaculizan la implementación de políticas que podrían mejorar los resultados en la formación de los adolescentes, factor crucial para fortalecer el futuro desempeño universitario.
En resumen, mientras no se resuelvan las deficiencias en la educación secundaria y se garantice una inversión adecuada y transparente en las universidades, su rol como promotoras de movilidad social seguirá siendo marginal y condicionado por el acceso desigual a la formación básica.