El Gobierno oficializó la ampliación de las exenciones al Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como «impuesto al cheque», que beneficiará a empresas del sector fintech y de activos virtuales. La medida busca corregir distorsiones que afectaban la competencia y la digitalización financiera.

Antes de esta norma, los bancos tradicionales gozaban de exenciones en sus cuentas operativas, mientras que plataformas como billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) afrontaban una regulación desigual y gravámenes ocultos. En particular, las plataformas cripto estaban excluidas de cualquier beneficio, lo que generaba un costo impositivo para sus usuarios que no existía en el circuito bancario clásico.

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El Decreto 475/2026 elimina esta prohibición y aclara que las empresas del sector cripto quedan exentas del impuesto siempre que sus cuentas bancarias se usen exclusivamente para su actividad digital. Este cambio implica que billeteras virtuales, operadores cripto, entidades emisoras de tarjetas de crédito y transportadoras de caudales encuentren ahora un trato fiscal más equitativo.

Para acceder a estas exenciones, las plataformas cripto deben cumplir con una doble condición: inscribirse en el Registro de PSAV administrado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y registrar sus cuentas bancarias ante ARCA, organismo encargado del control. De no cumplir estos requisitos o de combinar operaciones cripto con otras actividades financieras en una misma cuenta, las exenciones perderán vigencia.

Esta exigencia de exclusividad obligará a las empresas a reorganizar sus estructuras contables y operativas para mantener el beneficio fiscal. La medida también incentiva la formalización del sector, que históricamente operaba en ámbitos regulatorios difusos debido a su naturaleza descentralizada.

Con la nueva normativa, el impuesto al cheque busca adaptarse a la modernización financiera y promover una competencia justa entre entidades tradicionales y digitales, ubicando la innovación tecnológica en igualdad de condiciones fiscales.