La gestión del dragado, mantenimiento y modernización de la Hidrovía Paraná-Paraguay quedará bajo la responsabilidad de la empresa belga Jan De Nul por un plazo de 25 años, tras la adjudicación oficializada por el Gobierno nacional. Esto permitirá a la compañía continuar con las tareas en una de las principales vías navegables del país, por donde circula la mayoría de las exportaciones argentinas.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y se publicó en el Boletín Oficial, concluyendo así un proceso licitatorio que empezó meses atrás. Jan De Nul, junto con su socio argentino Servimagnus, será la encargada de la operación completa, que incluye obras de profundización, dragado permanente, mejoras en señalización e incorporación de tecnología para aumentar la seguridad y el control en la hidrovía.
El contrato definitivo deberá firmarse en el plazo de 30 días y contempla un esquema bajo la modalidad de obra pública por peaje, asumiendo la empresa el riesgo empresarial sin aportes directos del Estado. También incluye una posible extensión del contrato por hasta cinco años adicionales, según lo previsto en el acuerdo. La concesión cubrirá un activo estratégico para la economía nacional, dado que por esta vía pasa cerca del 80% del volumen de exportaciones argentinas, principalmente productos agroindustriales.
Desde lo económico, se estima que la concesionaria podría generar una facturación anual cercana a los 628 millones de dólares, con ingresos acumulados superiores a los 15.700 millones durante toda la vigencia de la adjudicación. Este valor refleja la importancia de la hidrovía para la logística del comercio exterior y el cabotaje, que se espera continúe en crecimiento.
No obstante, la licitación y la concesión volvieron a ser objeto de críticas, especialmente en cuanto a supuestos vínculos empresariales en el negocio. Se mencionó que el Grupo Neuss podría actuar como subcontratista para las tareas de dragado, y otros grupos empresariales ligados al sector también habrían participado indirectamente. Estas observaciones pusieron en debate la transparencia del proceso licitatorio, aunque el Gobierno mantiene el proyecto como clave para la infraestructura y competitividad del país.