La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el gobierno de Javier Milei y ratificó la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización salarial de los docentes y la restitución de fondos para becas estudiantiles. Esta resolución implica que el Estado debe aplicar los aumentos con carácter retroactivo hasta diciembre de 2023.
La legislación fue aprobada por el Congreso el año pasado tras un veto presidencial que luego fue anulado, aunque el Ejecutivo nunca implementó la norma ni asignó los recursos correspondientes. El conflicto se prolongó más de dos años, generando fuertes protestas por parte de las universidades públicas y movilizaciones masivas en defensa de una mayor inversión en educación superior.
El gobierno había condicionado la puesta en marcha de la ley a la identificación de una fuente concreta de financiamiento por parte del Congreso, una exigencia establecida mediante decreto que actualmente está en revisión judicial. Mientras tanto, la Corte exigió la aplicación inmediata de la norma vigente. Este mes, la Secretaría de Educación presentó una propuesta de aumento del 24,33% para docentes universitarios, junto con fondos adicionales para gastos operativos, aunque los gremios sostienen que las pérdidas salariales alcanzan alrededor del 40% en los últimos dos años, motivo por el cual hubo renuncias masivas de profesores.
Ante esta situación, las universidades públicas mantuvieron una postura firme y llevaron adelante varias marchas nacionales que culminaron recientemente frente a la Casa de Gobierno, con el reclamo explícito de que el Ejecutivo acate la ley. El rector de la Universidad de Buenos Aires expresó que esta decisión judicial representa un triunfo para la defensa de la educación pública como motor de movilidad social.