El presupuesto ejecutado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sufrió una caída real cercana al 46% en comparación con el año anterior, según un informe del Observatorio Económico de la Ciudad, dependiente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta reducción impacta de forma directa en programas esenciales como la urbanización e integración de villas, que retrocedieron un 58% en el mismo período.

El estudio señala que esta retracción no es un caso aislado, sino parte de una reconfiguración más amplia del gasto público porteño, donde disminuyen partidas destinadas a vivienda, educación y salud, mientras aumentan los recursos para servicios concesionados, deuda pública y sectores con mayor participación privada. El economista Juan Pablo Costa, responsable del observatorio, definió esta tendencia como una “reasignación regresiva” de fondos públicos.

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La crisis en el IVC se ha expresado también a través de conflictos laborales. En marzo, trabajadores denunciaron despidos y un vaciamiento gradual del organismo. Además, un proyecto impulsado por legisladores de La Libertad Avanza pretende eliminar directamente el instituto, lo que, según ATE, afectaría a unos 1300 empleados y podría poner en riesgo la continuidad de las políticas habitacionales en la ciudad.

Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el presupuesto para vivienda en 2026 será el más bajo en términos reales de los últimos 14 años, representando menos del 1% del gasto total del gobierno porteño y cayendo un 22,9% respecto al ejercicio anterior. Esto ocurre en un contexto de creciente dificultad para acceder a la vivienda: el peso del alquiler sobre los ingresos familiares se incrementa y la cantidad de hogares propietarios continúa disminuyendo.

Un informe reciente de la Fundación Tejido Urbano reflejó que entre 2016 y 2025 el porcentaje de argentinos con vivienda propia descendió más de cinco puntos, evidenciando un cambio estructural en el acceso a la vivienda. Frente a estas cifras, el Gobierno de la Ciudad defiende sus programas, destacando que durante 2025 más de 1200 familias lograron formalizar la titularidad de sus hogares a través de programas de escrituración y regularización dominial.

En medio del ajuste presupuestario y la polémica institucional, la continuidad y efectividad de las políticas habitacionales en la Ciudad permanecen bajo intensa discusión pública y política.