El Estado nacional aceleró su estrategia de desinversión en empresas públicas luego de concretar la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) por 340,2 millones de dólares al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Esta operación abre la puerta para nuevas privatizaciones en sectores clave bajo un plan diseñado para captar capital privado y reducir la presencia estatal en la economía.
Además de la venta de AySA, el gobierno planea avanzar en la transferencia de otras compañías estratégicas cuyo funcionamiento actualmente está en manos estatales. Esta nueva etapa de privatizaciones forma parte de una política orientada a mejorar la eficiencia operativa y liberar recursos fiscales, pero también implica un cambio en la gestión de servicios públicos y activos nacionales.
Entre las próximas empresas en la mira se incluyen firmas de distintos sectores con el objetivo de consolidar una agenda que promueva inversiones y reduzca el déficit estatal. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo prepara mecanismos legales y regulatorios para agilizar este proceso, que además contempla condiciones para mantener el servicio y calidad tras las transferencias.
Este plan de privatizaciones puede afectar la estructura de los mercados y el modelo de prestación de servicios, generando debate acerca de los beneficios y riesgos que conlleva dejar en manos privadas actividades tradicionalmente públicas. Para los usuarios, es relevante conocer que los cambios implicarán nuevas modalidades de gestión y operativas, así como la fiscalización del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los nuevos concesionarios.