El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) enfrenta una crisis profunda tras la confirmación de un recorte adicional en su presupuesto y la pérdida de 700 puestos de trabajo. Este ajuste forma parte de una reducción generalizada en las partidas destinadas a distintas áreas del Estado, lo que compromete la continuidad operativa y la capacidad técnica de la entidad.

Las medidas de ajuste implementadas afectaron funciones clave del INTI, un organismo técnico con décadas de trayectoria vital para el sector privado y el control público. Entre estas, destaca el cierre del área de metrología legal, responsable de validar dispositivos como radares de velocidad, etilómetros y balanzas comerciales en todo el país.

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Ante esta situación, los trabajadores del INTI organizaron protestas para visibilizar el conflicto y rechazar los despidos. Estas manifestaciones se desarrollaron en las puertas del organismo, donde los empleados usaron caretas con la imagen de Adorni, símbolo de su lucha. Paralelamente, un grupo de empresarios pymes y dirigentes industriales intentó realizar un acto de apoyo al INTI, pero la intervención de Gendarmería Nacional bloqueó el acceso al Parque Tecnológico Miguelete, obligando a trasladar el encuentro a la vía pública.

Los empresarios expresaron su preocupación por las consecuencias del vaciamiento del INTI en diversos sectores. Señalaron que la falta de certificaciones dificultará la entrada de productos argentinos a mercados internacionales, ya que muchas pymes dependen de la acreditación técnica que brinda el organismo para exportar. Además, advirtieron que la ausencia de controles públicos en seguridad y salud pondrá en riesgo sectores estratégicos y aumentará los costos si se reemplazan por laboratorios privados.

El ajuste presupuestario y los despidos profundizan una situación crítica para el INTI, cuya función es fundamental en áreas donde el sector privado no cuenta con la infraestructura ni la capacidad técnica necesaria. La eliminación o debilitamiento de estos controles podría dejar vacíos significativos en la supervisión industrial, afectando la calidad y seguridad de productos y servicios que impactan directamente en la vida cotidiana y la competitividad del país.