La Corte Suprema confirmó la vigencia de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, así como a recomponer los programas de becas estudiantiles. Esta resolución mantiene la aplicación de dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras avanza el análisis judicial sobre la constitucionalidad de un decreto presidencial que suspendió la norma.
El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por el Ejecutivo, ya que este se dirigía contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti respaldaron así la orden que obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, aprobada en agosto de 2025 y cuyo cumplimiento fue condicionado por el decreto 759/2025.
El artículo 5 de la ley establece que desde diciembre de 2023 los salarios del personal universitario deben actualizarse con un porcentaje no inferior a la inflación acumulada en ese período, garantizando además que estos aumentos sean remunerativos y bonificables. También fija la obligación de incorporar sumas no remunerativas al salario básico y de realizar negociaciones paritarias al menos cada tres meses.
En paralelo, el artículo 6 exige actualizar por inflación los programas de becas estudiantiles, como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, así como incrementar progresivamente el número de beneficiarios conforme a la matrícula universitaria.
La cautelar no alcanza todavía otros aspectos de la ley, como la recomposición integral de los gastos de funcionamiento de las universidades, recursos destinados a hospitales universitarios, investigación, extensión y obras de infraestructura.
Esta disputa judicial surgió luego de que el presidente vetara la ley sancionada por el Congreso, que sin embargo insistió en su aprobación con el quórum necesario. La promulgación se dictó junto al decreto que condicionó su aplicación a la definición previa de fuentes de financiamiento específicas, medida que llevó al Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades a presentar acciones legales para exigir el cumplimiento pleno de la norma.