El Congreso dio su aval para que el Estado argentino cancele un monto total de 171 millones de dólares a los últimos holdouts vinculados al default de 2001. La iniciativa, respaldada con 139 votos a favor y 97 en contra, autoriza al Poder Ejecutivo a cumplir con el pago acordado con dos fondos acreedores que aún mantenían demandas abiertas en tribunales estadounidenses: Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
Este acuerdo reduce cerca de un 30% el monto originalmente reclamado por estos acreedores y permite evitar la continuación de procesos judiciales que pesaban, entre otras cosas, sobre los activos y bienes argentinos en el exterior. La ratificación legislativa era indispensable para cumplir con el plazo establecido en el convenio de conciliación, que tenía como fecha límite el 30 de junio.
Desde el oficialismo enfatizaron que la medida representa una solución definitiva a un conflicto financiero y judicial que lleva más de dos décadas, destacando además que el convenio previene gastos adicionales en juicios y brinda mayor seguridad jurídica sobre los activos estatales bloqueados.
Por otro lado, la aprobación contó con el apoyo de bloques aliados y opositores moderados, como La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID, Innovación Federal y otros representantes de fuerzas provinciales, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores minoritarios rechazaron la propuesta. Desde la oposición, se cuestionó la falta de asignación presupuestaria específica para financiar el pago y se expresaron dudas sobre el encuadre administrativo del acuerdo.
Con esta ley, el Estado argentino busca clausurar uno de los últimos capítulos pendientes relacionados con la cesación de pagos de 2001, facilitando el levantamiento de medidas cautelares y embargos sobre bienes nacionales en el extranjero y saneando su perfil deudor ante acreedores judicializados.