Una investigación detectó presuntos desvíos económicos y sobreprecios extremos en compras de insumos ortopédicos realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. La auditoría oficial comparó facturas emitidas al Estado con valores habituales de mercado y encontró incrementos injustificados que superaron el 4000%. Estos hallazgos motivaron una causa penal que investiga un posible fraude millonario.
El fiscal a cargo, Franco Picardi, avanza en el análisis de un sistema de contrataciones paralelas que habría beneficiado a empresas con vínculos societarios y familiares, creando una red que distorsionó la competencia y elevó artificialmente los costos. El documento publicado señala que esta estructura afectó gravemente la razonabilidad del gasto público, una preocupación central en la administración de recursos dirigidos a personas con discapacidad.
Los montos cuestionados en la pesquisa judicial son similares a los adeudos que mantiene el Gobierno nacional con las universidades públicas, según fuentes vinculadas. Esto evidencia tensiones entre la falta de fondos para instituciones educativas y el destino irregular de fondos estatales en contratos otorgados a actores relacionados. Durante el último año, el sector universitario sufrió bajas en su personal docente mientras crecen denuncias de irregularidades en otros ámbitos estatales.