La ordenanza 41.831, que permite clausurar criaderos ilegales, sancionar ventas irregulares y decomisar animales en situación vulnerable, seguirá vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Esta normativa es una herramienta fundamental para la defensa y protección animal en el ámbito urbano, y su posible derogación generó un amplio rechazo en legisladores y entidades proteccionistas.
La propuesta para eliminar esta ordenanza fue impulsada por el bloque La Libertad Avanza, dentro de un proyecto conocido como "Ley Hojarasca", que busca derogar normas consideradas obsoletas. Sin embargo, la inclusión posterior de esta medida suscitó críticas que advirtieron sobre la creación de un vacío legal que dificultaría la intervención estatal ante casos de maltrato y comercio ilegal de animales.
Frente a esta situación, el legislador Emmanuel Ferrario, del bloque Confianza y Desarrollo, organizó un encuentro con activistas y representantes de organizaciones civiles para defender la vigencia de la ordenanza. Según Ferrario, autoridades del Gobierno de la Ciudad se comprometieron a no avanzar con la derogación, aunque la discusión en el recinto sigue pendiente y será clave en la próxima sesión legislativa.
Desde la sociedad civil, la fundadora de la organización Sintientes también se manifestó en defensa de los derechos de los animales, resaltando la importancia de preservar cada avance legal en esta materia. Además, se recordó que la ordenanza 41.831 no formaba parte del proyecto original de derogación propuesto por la legisladora Pilar Ramírez, sino que fue incorporada en etapas posteriores del debate legislativo.
El proyecto cuenta con dictamen de comisión y quedó habilitado para ser tratado en sesión, pero el futuro de esta normativa y su impacto en la protección animal continúa siendo objeto de análisis y discusión.