Una iniciativa legislativa presentada por un diputado nacional propone establecer un marco legal que regule a las agencias de cobranza extrajudicial, enfocándose en la defensa del consumidor y la calidad del trato recibido por quienes tienen deudas en materia de consumo.
El proyecto responde a la creciente preocupación por las prácticas abusivas y la falta de transparencia en el sector de cobranzas, que afectan a quienes deben cumplir con sus obligaciones financieras, pero enfrentan condiciones que ponen en riesgo su dignidad y derechos.
Entre los aspectos centrales de la iniciativa se destaca la necesidad de instaurar mecanismos claros que regulen la actuación de las agencias, incluyendo límites a las formas de contacto y la prohibición de métodos intimidatorios o de acoso. Se busca garantizar que las acciones de cobranza se realicen con respeto y sin vulnerar normativas vigentes de protección al consumidor.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de registros oficiales para las agencias de cobranza y la implementación de controles que permitan supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Esto permitiría identificar y sancionar las malas praxis, aportando mayor seguridad jurídica tanto a consumidores como a prestadores de servicios financieros.
El avance de este proyecto se inscribe en un contexto donde la regulación de actividades vinculadas al crédito y los cobros extrajudiciales cobra mayor relevancia ante la expansión del endeudamiento en distintos sectores sociales y la creciente demanda de protección frente a abusos.
De aprobarse la ley, los consumidores alcanzarían un nivel de protección mayor, al tiempo que las agencias estarían obligadas a operar dentro de un marco legal definido que preserve la integridad y privacidad de los usuarios durante el proceso de cobranza.