El Gobierno nacional presentó dos nuevos proyectos legislativos que buscan fortalecer la economía y aumentar la transparencia en la relación entre el sector privado y el Estado. De un lado, lanzó el denominado “Súper RIGI”, una propuesta para ampliar los incentivos fiscales destinados a promover grandes inversiones en sectores estratégicos.
Este régimen ofrece una reducción del impuesto a las Ganancias al 15% y prevé una amortización acelerada que permite deducir el 60% de la inversión en el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes. Además, contempla exenciones en derechos de exportación para actividades vinculadas a energía renovable, minería, tecnología e industria pesada.
Entre los sectores beneficiados se incluyen la cadena del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, el gas natural licuado (GNL) onshore, reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), producción de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y proyectos petroquímicos. El objetivo del proyecto es aumentar la competitividad de la Argentina para atraer inversiones de largo plazo y consolidar desarrollos industriales clave.
En simultáneo, el Gobierno envió un proyecto de ley para regular y darle mayor visibilidad a las actividades de lobby. Esta iniciativa propone la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, quienes deberán declarar los intereses que representan. También se establece la obligación de publicar las agendas de reuniones entre funcionarios públicos y representantes del sector privado.
La ley define las actividades de lobby como aquellas vinculadas con la elaboración, modificación o derogación de leyes, la gestión de licitaciones públicas, concesiones, subsidios o beneficios fiscales para sectores económicos específicos. Además, se fijan incompatibilidades para ex funcionarios que quieran ejercer tareas de lobby poco después de dejar sus cargos, con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia.
Con estos dos proyectos, el Ejecutivo completó un paquete de reformas que incluye otras iniciativas enviadas con anterioridad, entre ellas la regulación sobre ludopatía y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal.