Comodoro Rivadavia atraviesa una grave crisis de violencia que tiene en vilo a sus habitantes. El último asesinato ocurrió cuando una mujer embarazada, identificada como Mariana Soledad Calfuquir, murió tras recibir un disparo dirigido a un hombre con antecedentes delictivos, vinculado a disputas entre bandas que generan un clima de inseguridad permanente en la ciudad.
Este episodio se suma a una serie de hechos violentos que ya alcanzaron múltiples asesinatos en el año, vinculados en su mayoría a conflictos entre familias y a la problemática del narcotráfico. La permanencia de estos hechos se complica por la falta de efectividad en las acciones judiciales, que limita las posibilidades de prevención y resolución de los conflictos armados en la localidad.
El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, denunció que la Justicia autorizó menos de la mitad de los allanamientos solicitados por la fuerza de seguridad, lo que dificultó la lucha contra los grupos enfrentados. Enfatizó la responsabilidad de jueces y fiscales en la inacción ante casas de personas involucradas en la violencia armada, como la del propio Luis Damián Uribe, herido en el ataque en el que murió Calfuquir.
Además, la disputa entre el poder político y judicial se refleja en las fuertes críticas cruzadas que protagonizan funcionarios y referentes de la oposición. El exministro de Seguridad y líder opositor Federico Massoni acusó encubrimiento político tras el suicidio de un sargento de policía, mientras que el actual ministro Iturrioz descalificó a Massoni por su gestión anterior, apuntando a un uso personal de la fuerza durante su mandato.
Este escenario genera un círculo vicioso en el que la violencia responde a venganzas entre bandas y la falta de consenso institucional impide aplicar estrategias concretas y coordinadas para frenar la sangría. En medio de esta situación, la comunidad sigue padeciendo el impacto de hechos violentos que dejan un saldo creciente de víctimas y un marcado estado de inseguridad.