Ante la eliminación nacional del régimen de compensaciones para pasajes gratuitos de larga distancia, una legisladora bonaerense presentó un proyecto que propone eximir del pago del impuesto a los ingresos brutos al transporte automotor destinado a personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa busca incluir a este servicio dentro de las actividades exentas según el Código Fiscal provincial.
El proyecto sostiene que los ingresos derivados exclusivamente de la prestación de transporte para personas con discapacidad quedarán exceptuados del tributo, con la intención de aliviar la situación económica de los transportistas y potenciar un servicio clave para la inclusión social. La diputada que presenta la propuesta remarcó que este tipo de transporte es fundamental, a la vez que está respaldado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional que garantiza el derecho al traslado.
Actualmente, según detalla la iniciativa, el sector carece de un marco legal específico en Buenos Aires, lo que genera vulnerabilidad tanto para quienes trabajan en el transporte como para los usuarios. El servicio, que se desempeña con una vocación de acompañamiento, cubre desplazamientos a lugares claves como terapias, tratamientos médicos, centros educativos, talleres protegidos y hogares, creando relaciones de confianza con las personas y sus familias.
Además, el proyecto subraya la importancia social del transporte para personas con discapacidad como una herramienta que contribuye a superar barreras de integración y exclusión. En ese sentido, plantea que tanto el Estado nacional como el provincial deben promover políticas públicas orientadas a fortalecer esta actividad y garantizar su continuidad. Por otra parte, la diputada alertó sobre la crisis que atraviesa el sector desde 2024, causada por recortes presupuestarios nacionales, estigmatización y medidas administrativas que agravan la situación.
La propuesta llega en un contexto donde el transporte para personas con discapacidad enfrenta tensiones financieras y legales, y busca ofrecer un respiro fiscal que permita sostener un servicio esencial para mejorar la calidad de vida de un colectivo especialmente vulnerable.