La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) organizó un viaje urgente a Ginebra para participar en la Asamblea Mundial de la Salud y frenar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta iniciativa surge luego de que se conocieran gestiones secretas del gobierno destinadas a acelerar la desvinculación del país del organismo internacional, medida impulsada por el presidente Javier Milei.
En este contexto, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, se sumó a la delegación de la Internacional de Servicios Públicos, que agrupa a trabajadores sanitarios de todo el mundo, para entregar una carta dirigida al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El documento cuenta con la firma de más de tres mil referentes del sistema de salud argentino y cuestiona la decisión de abandono tomada sin consulta ni debate público en el país.
El rechazo de esta determinación se fundamenta en el riesgo que implica desligarse de la cooperación sanitaria internacional, especialmente en medio de un brote del hantavirus que afecta a la región. Según los firmantes, dejar la OMS compromete la capacidad estatal para proteger la salud pública y representa un debilitamiento de estructuras técnicas construidas durante décadas en Argentina.
Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores intenta mitigar el impacto diplomático de la decisión, la OMS instó públicamente a suspender la retirada, subrayando la importancia de la colaboración global para enfrentar crisis sanitarias. La Asamblea Mundial de la Salud, donde se llevará a cabo la entrega de la carta, se realiza en medio de un clima de tensión política, marcado además por alineamientos internacionales que justifican la medida oficial.
La carta presentada por los médicos, investigadores, universidades y organizaciones sociales sostiene que la determinación se tomó sin involucrar a las voces del campo sanitario ni a la comunidad científica. Los firmantes advirtieron que la ruptura del vínculo con la OMS no fortalece la soberanía ni la autonomía nacional, sino que limita la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de la población argentina.