El Congreso de Bolivia aprobó la eliminación de una norma que restringía el accionar de las Fuerzas Armadas frente a disturbios y bloqueos, una medida impulsada para enfrentar las múltiples protestas sociales que afectan al país desde hace semanas. La derogación recibió respaldo mayoritario en Diputados tras lograr media sanción en el Senado, y ahora queda pendiente la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
La ley anulada, vigente desde 2020, limitaba la participación militar en conflictos internos, situación que los legisladores afines al oficialismo calificaron de obstáculo para contener el caos generado por los cierres de rutas y manifestaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, la decisión no implica automáticamente la declaración de un estado de excepción, una medida que el mandatario definió como un recurso extremo ante un eventual fracaso del diálogo.
La sesión parlamentaria se prolongó por más de cinco horas y se desarrolló de manera virtual debido a la imposibilidad de varios legisladores para llegar a La Paz, afectada por los cortes y bloqueos que aislaban a la capital administrativa. Este escenario reflejó la profundidad del conflicto que actualmente paraliza ciudades y regiones importantes del país.
El diputado opositor Carlos Alarcón fue uno de los principales promotores de la derogación y calificó la ley 1341 como “criminal”, argumentando que impedía una respuesta eficaz ante sectores violentos y limitaba el uso legítimo de la Policía en momentos de crisis. Por otro lado, voces críticas provenientes de sectores disidentes del oficialismo manifestaron preocupación porque la medida podría aumentar la violencia y desproteger las demandas sociales legítimas, en un contexto sensible que ya dejó muertos y denuncias por excesos en operativos de seguridad.
Las protestas, lideradas por sindicatos campesinos y organizaciones sociales vinculadas al expresidente Evo Morales, se concentran principalmente en La Paz y El Alto, aunque los bloqueos alcanzan también a otras regiones como Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. Estas acciones generan problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y suministros médicos, afectando la vida cotidiana de numerosas comunidades.