El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un nuevo régimen para el boleto educativo, que redefine quiénes pueden acceder al beneficio y bajo qué condiciones. A través del Decreto 183/26, se trasladó la gestión al Ministerio de Movilidad e Infraestructura, que ahora tendrá la autoridad para aplicar, supervisar y controlar este sistema.
El boleto, que seguirá siendo gratuito para estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, educación especial y terminalidad educativa, amplió su cobertura para incluir toda la red de subterráneos, Premetro y las líneas de colectivos locales e interjurisdiccionales que operan dentro de la Ciudad. El uso se limita a un máximo de 50 viajes mensuales y hasta cuatro viajes diarios por beneficiario.
Una novedad central es la incorporación de criterios socioeconómicos para ciertos grupos de estudiantes. Quienes accedan al beneficio bajo esta modalidad deberán demostrar que pertenecen a hogares en situación de pobreza, clase media vulnerable o frágil, según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño. Para ello será obligatorio presentar una declaración jurada con información sobre ingresos familiares, domicilio, establecimiento educativo y modalidad de cursada.
También se exige que los estudiantes acrediten su condición de alumno regular y que residan en la Ciudad. Para los menores de 12 años se previó un boleto con un descuento del 55% para un adulto acompañante, quien deberá estar registrado formalmente.
El trámite para obtener el beneficio deberá ser gestionado por el propio estudiante o, en caso de ser menor, por sus responsables legales. Se habilitaron plataformas digitales para realizar la solicitud, con posibilidad de atención presencial, y se permitirá el uso de medios digitales interoperables como tarjetas o billeteras electrónicas para facilitar la implementación.
Además, la reglamentación estableció procedimientos de control más rigurosos. La autoridad revisará la información declarada a través del cruce de datos con distintos organismos públicos y privados. A su vez, los beneficiarios tendrán que notificar cualquier cambio en su situación académica, domicilio o condición socioeconómica. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o pérdida definitiva del beneficio.
Este ajuste normativo deroga el régimen vigente desde 2017 y busca adaptar el boleto educativo a los cambios sociales y económicos actuales, reforzando tanto la inclusión como la transparencia en el uso del subsidio.