La situación de los jubilados en Argentina se agravó hasta convertirse en una crisis humanitaria, según advirtió Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. Explicó que los ingresos mínimos que reciben la mayoría de los adultos mayores están muy lejos de cubrir la canasta básica necesaria para vivir dignamente, que a principios de año superó los 1,8 millones de pesos por persona.
Esta diferencia genera condiciones de vida precarias y obliga a muchos jubilados a reincorporarse al mercado laboral, principalmente en empleos informales o precarios que deterioran su salud. Semino remarcó que para una pareja de jubilados el costo de vida mensual ronda los 1,5 millones de pesos, incluyendo la compra de medicamentos esenciales, un valor que excede ampliamente los haberes mínimos, que están cerca de los 400 mil pesos.
El impacto de esta brecha económica se traduce en problemas graves: según estimaciones, cada mes mueren entre 200 y 400 adultos mayores por carencias extremas relacionadas con la falta de recursos para cubrir necesidades básicas.
Además del déficit económico, persiste un cuello de botella judicial: alrededor de 60.000 juicios previsionales están paralizados en la Corte Suprema de Justicia, donde miles de jubilados reclaman la actualización de sus haberes. En muchos casos, estos procesos se extienden durante años e incluso superan la expectativa de vida de los demandantes.
El informe presentado por Semino utiliza como referencia la metodología del INDEC para el cálculo del costo de vida real en las principales ciudades del país. Esta no es una medida de pobreza, sino un parámetro histórico que refleja lo que implica cubrir gastos fundamentales como vivienda, alimentación y salud en áreas urbanas.
La acumulación de estas problemáticas evidenció la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema previsional, que consideren no solo la inflación sino el rescate del verdadero rol de la seguridad social, diseñada para proteger a los adultos mayores y asegurarles una vida digna en el retiro.