El Gobierno oficializó un aumento del 2,6% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas destinado a personas con discapacidad, según la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. Esta modificación se implementa en mayo de 2026 y repercute en servicios esenciales como atención, rehabilitación, transporte y asistencia integral.
Además, se mantuvo el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, un mecanismo diseñado para compensar los mayores costos operativos que afrontan los prestadores de esa región. Este esquema diferencial ya había sido aplicado en actualizaciones previas y continúa vigente para asegurar la equidad en la prestación de servicios.
El Sistema de Prestaciones Básicas regula la prestación en hogares, centros de día, transporte especializado, rehabilitación y servicios educativos para personas con discapacidad. Por este motivo, cada actualización en los aranceles impacta directamente en miles de familias y profesionales que dependen de estos servicios.
En paralelo, la Justicia Federal de Córdoba requirió al PAMI y al Programa Incluir Salud que cumplan con los pagos adeudados a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, ordenando además que las acreditaciones se realicen en tiempo y forma. Esta medida tiene una vigencia temporal hasta que se resuelva con una sentencia definitiva el fondo del asunto.
Por otra parte, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para establecer la llamada Canasta de Discapacidad. La iniciativa propone que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) elabore y publique un índice mensual que refleje el costo de vida específico de las personas con discapacidad, incluyendo gastos en salud, terapias, transporte, medicamentos, insumos, equipamiento tecnológico y servicios de apoyo.
La propuesta también contempla costos vinculados a la educación, la inclusión social y el acceso al trabajo, con el fin de representar con mayor precisión el escenario económico que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Esta medida busca aportar una herramienta objetiva para diseñar políticas públicas y ajustar prestaciones acorde a la realidad del sector.