La Prefectura Naval Argentina inició un proceso de diálogo con cámaras, armadores y empresas del sector pesquero para abordar la aplicación del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, un marco internacional que impone estándares obligatorios de seguridad para buques pesqueros mayores a 24 metros de eslora. Esta medida comenzará a regir en febrero de 2027 y busca fortalecer la seguridad, la protección de la vida humana en el mar y el cuidado ambiental.
El organismo dependiente de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación explicó los detalles de la futura normativa, que contempla la revisión y adecuación de la legislación argentina vigente al compromiso asumido ante la Organización Marítima Internacional (OMI). Este tratado internacional establece requisitos específicos que incluyen la estabilidad y navegabilidad de las embarcaciones, maquinaria, instalaciones eléctricas, dispositivos de salvamento, equipos de comunicación, medidas contra incendios y aspectos constructivos de los buques.
La adhesión formal de Argentina a este acuerdo fue efectiva en febrero de 2026, sumándose a un total de 28 países que aplican esta normativa sobre 3.754 embarcaciones registradas de más de 24 metros. La Prefectura, por primera vez, organizó una mesa conjunta con representantes de todo el sector pesquero nacional para consensuar los mecanismos de implementación y ajustar el marco regulatorio a las particularidades de la actividad local.
Este encuentro forma parte de una política de colaboración institucional que busca integrar al sector privado en la construcción de una regulación eficaz y realista. Además, el Acuerdo de Ciudad del Cabo pretende facilitar el control estatal sobre los buques pesqueros, tanto en puertos como en alta mar, y contribuir a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), un problema global que afecta la sostenibilidad de los recursos marinos.
En definitiva, las autoridades avanzan en la puesta en marcha de un marco normativo diseñado para mejorar las condiciones de seguridad y operatividad de la flota pesquera nacional, garantizando mayores estándares internacionales que impactarán directamente en la actividad diaria y la preservación del medioambiente marino.